Si más criterio que la presunción que supuestamente le otorga el cargo de Gerente General, el hasta fecha impalpable encargado de ese Despacho dentro del Gobierno Regional de Apurímac, ha ordenado al abogado encargado de la Sub Dirección de Recursos Humanos, solicite a todas las dependencias de ese organismo público, para que en el plazo de 24 horas le remitan todos los currículos vitae de los más de 600 funcionarios de confianza que tienen esa dependencia administrativa. Toda esta alharaca se suscita a partir de la recomendación impartida en el numeral 2.- del Oficio Nº 847-2009-GR.APURIMAC/OCI, del Organo de Control Interno.
¿Cuál era el motivo de esta petición?
La fundamentación legal de esta petición es para supuestamente cumplir con los requisitos básicos del Decreto Legislativo Nº 276 y su reglamento el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, (de dónde sacan estos requisitos básicos si esta ley no dice nada respecto de los currículos) y para cumplir con una directiva de la Contraloría General de la República y nada más; la mayor parte de los involucrados en esta petición, temían que se trataba de una evaluación para establecer si eran o no, profesionales y técnicos, capacitados para ejercer un cargo de confianza, pero no; solo querían tener sus legajos personales.
¿Qué hicieron los interesados?
Así que para mantenerse en el cargo de confianza, los interesados se dieron al afán de “armar” sus currículos a razón de 100 folios promedio por cada funcionario, lo que significa 60,000 fotocopias, y mucha de ellas debían ser legalizadas. ¿Quién paga ese derroche? El Gobierno Regional de Apurímac, pues conociendo que cada fotocopia cuenta S/. 0.10 se trata de gasto de S/. 6,000.00 y si cada funcionario de confianza necesita presentar hasta 10 fotocopias legalizadas de algunos de sus documentos a razón de S/. 5.00 cada una (puede costar menos, pero al Estado siempre le cuesta más) son S/. 30,000.00. Entonces son S/. 36,000.00 que debieron ser gastados en los victimas de la extrema pobreza que abunda en nuestra región.
¿Es importante contar con los legajos personales de los funcionarios de confianza?
Lo que evidencia a todas luces es que SALAZAR MOROTE designa funcionarios de confianza sin siquiera tener una referencia escrita de las personas que designa en los más altos cargos de confianza del Gobierno Regional de Apurímac, esto además de ser muy grave, nos da la pista para conocer porque esta administración regional hace rato se fue al diablo y lo peor de todo es que el pobre diablo que lo encabeza no sabe ni a quién diablos da su confianza y la potestad para manejar los recursos económicos de los apurimeños. Entonces ahora comprendemos porque esta administración regional ha fracasado en toda la línea y sobre todo porque existe tanta corrupción.
¿Qué deben hacer las autoridades competentes?
Una de las cosas que debiera hacer el fantasmagórico Gerente General, no porque le dé la gana sino porque la ley lo obliga bajo responsabilidad, es investigar y sancionar a todos los funcionarios chupes que aprovechándose de su designación han designado a su vez a sus propios piquichones, usurpando la autoridad del llamado por ley, es decir, del inefable SALAZAR MOROTE, porque estos chupes, especialmente los Directores Regionales Sectoriales y Gerentes de Provincias, no tienen capacidad legal para atreverse a tanto, porque no existe ningún dispositivo legal que se oponga ósea paralelo al inciso del articulo d.- del artículo 21º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos regionales:
“Artículo 21.- Atribuciones
El Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones:
(…)
c. Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza.
(…)”
Entonces las designaciones que han hecho comedidamente los chupes de SALAZAR MOROTE contando con su conocimiento, consentimiento y complicidad son simple y llanamente ilegales y constituyen la comisión del delito de usurpación de autoridad que está penado por el artículo 361º del Código Penal:
“Artículo 361.-Usurpación de función pública
El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública, o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años, e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36º, incisos 1 y 2.
Si para perpetrar la comisión del delito, el agente presta resistencia o se enfrenta a las Fuerzas del Orden, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.”
Entonces para qué la OCI, pide el legajo de todos los piquichones que fueron designados ilegalmente por los chupes que designó SALAZAR MOROTE, cuando lo que debiera hacer es denunciar ante el Ministerio Público la comisión de estos múltiples delitos y establecer la magnitud del agravio que se ha cometido contra administración regional como con la expedición de actos administrativos nulos y la alegre disposición que hacen estos piquichones de los bienes y servicios del Gobierno Regional y no estarse por ahí legitimando delitos, con la cubierta de “regularización de legajos”.
OYE SALAZAR POR DONDE TE MUEVAS, TODO SE PUDRE PORQUE LOS BENEFICIARIOS DE TU GOBIERNOS SON TUS CHUPES NO EL PUEBLO APURIMEÑO, PERO TU NO TIENES LA CULPA, SINO TU SUPINA IGNORANCIA Y LA INGENUIDAD DE LA GENTE QUE CREYENDOTE CAPAZ TE ELIGIO.
LO MEJOR ES QUE VAYAS MEJORANDO LA CARCEL DE ABANCAY PARA TI Y TUS CHUPES CON PARTE DEL LOS 170 MILLONES QUE TE SOBRAN DEL 2009, PORQUE SEGURO VAS A SER CARNE DE CANA PARA EL 2011.
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