Lo que pasa en Abancay, cuando se trata de la Administración Pública, siempre es sorprendente; pues esta transita por caminos propios y ajenos a la ley.
En el año de 1957, por Ley Nº 12706, se expropió más de 6,000 hectáreas de la ex Hacienda Patibamba, creándose la Junta de Fomento de la Pequeña Propiedad de Apurímac, entidad que adjudicó parcelas de tierras agrícolas alrededor de Abancay y al interior de la misma áreas para la expansión urbana de la ciudad; dentro de estas acciones se proveyó reservar un lote de más de una hectárea de extensión en la Av. Panamá para la construcción de Cárcel Pública de Abancay, porque desde esa fecha, hace ya más de 52 años, la población y autoridades abanquinas establecieron que la actual cárcel denominada Centro Penitenciario “San Idelfonso”, ubicado en la primera cuadra a la Av. Díaz Bárcenas, no debía permanecer en este lugar céntrico de la ciudad, como es el caso de las otras capitales de región a nivel nacional.
Como sucede generalmente en Apurímac, pasaron los años y nadie hizo nada, y la bendita cárcel, por culpa del Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Abancay, y sobre todo del Instituto Nacional Penitenciaria (INPE), sigue situada en ese lugar, a pesar que al mes de mayo del 2009, su población era de 168 reclusos varones y 8 mujeres, y que estos reclamaban la construcción de un nuevo penal, para dejar de ser víctimas de las insoportables condiciones de hacinamiento en la que deben sufrir su carcelería.
¿Qué paso con este terreno?
Sucedió que, sin más ni más, los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, conformaron una asociación de vivienda, que denominaron “Barrio Judicial” y en años recientes, se repartieron por lotes esas tierras para construir sus viviendas contando con la complicidad de los autoridades judiciales de esos momentos y la municipalidad de Abancay. Así fue como se perdió la primera oportunidad para trasladar esa incómoda cárcel.
¿Qué paso después?
A petición de las autoridades del penal, la Dirección Regional Agraria de Apurímac, en el año de 1994, a cargo del Ingº Clodowaldo Pagan, transfirió a favor del INPE – MINISTERIO DE JUSTICIA, el lote Nº 50 de la Lotización “Patibamba” de más de 4 hectáreas de extensión, precisamente para la construcción de la nueva cárcel y para beneficio de los inquilinos de “San Idelfonso”. Este terreno está ubicado a la altura del km. 5.00 de la antigua carretera Abancay-Lima, y a la fecha tiene servicios de transporte urbano.
¿Qué pasó con esta nueva oportunidad para la cárcel y ciudad de Abancay?
Pues lo de siempre. Esta vez los trabajadores del INPE APURIMAC, con el antecedente anterior, se han lotizado estas tierras y están construyendo sus casas de campo con terreno agrícola de por medio, y lo peor de esta desvergüenza, es que están saneando “sus posesiones” con el COFOPRI APURIMAC; es decir, le están prescribiendo al Estado Peruano, un inmueble destinado a un servicio público. Esto es como que algún desfachatado, construya su vivienda en la Plaza de Armas de Abancay y el COFOPRI, le titulara.
¡ESTO ES NADA MÁS NI NADA MENOS QUE LA COMISION DE UN DELITO!
Veamos por qué.
En primer término por disposición del artículo 73º de la Constitución Política del Perú:
“Artículo 73.- Bienes de dominio y uso público
Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico.”
Siguiendo este mandato constitucional, el artículo 22º de la Ley Nº 29151, Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, vigente a partir del 09 de diciembre de 2007, señala expresamente lo siguiente:
“Artículo 22º.- Prohibiciones de servidores y funcionarios públicos
Los funcionarios y servidores públicos, así como toda persona que presta servicios en las entidades de la administración pública bajo cualquier régimen laboral o contractual, no pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente o por persona interpuesta, respecto de los bienes de propiedad de la entidad pública a la que pertenecen, de los confiados a su administración o custodia ni de los que para ser transferidos requieren de su intervención.
Dichas prohibiciones se aplican también a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas antes señaladas, así como a las personas jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta seis (6) meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos administrativos y contratos que se suscriban, contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.“
El Reglamento de esta Ley aprobado por Secreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, en su artículo 41º, respecto de la administración de los bienes inmuebles de dominio público, señala:
“Artículo 41.- De las entidades responsables de los bienes de dominio público
La administración, conservación y tutela de los bienes de dominio público compete a las entidades responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio público, según corresponda, y conforme con las normas de la respectiva materia. La supervisión del carácter inalienable e imprescriptible de los bienes de dominio público, está a cargo de la Superintendencia de Bienes Nacionales, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Atendiendo a razones debidamente justificadas, la administración de los bienes de dominio público podrá ser asignada o reasignada a otra entidad responsable del uso público del bien o de la prestación del servicio público, mediante resolución de la SBN. Dicha resolución constituye título suficiente para su inscripción registral.”
Entonces, si esto es así legalmente, basados en qué ley los trabajadores del INPE a la fecha se están parcelando y saneando ante COFOPRI bienes de dominio público, y más aun tratándose de un bien necesario para la construcción de la cárcel de Abancay, o queremos escuchar y leer noticias como esta:
“Perú 21 del Dom. 03 ENE 2010
Fugan 4 narcos del penal de Abancay
Dos hombres armados ingresaron al presidio y ayudaron a escapar a los reclusos. Hay dos agentes del INPE heridos de gravedad.
La inseguridad en los penales del interior del país es alarmante. Luego del motín en el penal de Chachapoyas que dejó dos muertos, cuatro reos por narcotráfico fugaron del penal de Abancay luego que unos hombres ingresaron por la fuerza al centro de reclusión e hirieron a los agentes de seguridad, informó Jorge León Ballén, director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El hecho ocurrió la tarde del sábado, día en que se reciben las visitas femeninas. Dos mujeres tocaron la puerta exterior del lugar para ingresar. Al momento de su entrada, dos sujetos con armas de fuego forzaron la puerta y atacaron a los guardias. Al negarse a entregar las llaves del recinto, los delincuentes dispararon a dos custodios, hiriéndolos de gravedad.
Luego los atacantes ingresaron a las celdas, liberaron a cuatro reclusos –tres de ellos sentenciados por narcotráfico y uno inculpado por el mismo delito– y abandonaron el presidio. “Lo único que sabemos es que los heridos están en cuidados intensivos. Parece que les dispararon a matar, a uno de los guaridas le dispararon en el pecho y le perforaron un pulmón, al otro le cortaron un pulmón”, añadió León Ballén en RPP.”
Menos mal que no paso más de lo que se narra en esta noticia, tragedia muy diferente hubiera sido, si la policía comenzaba a perseguir a balazos a estos delincuentes por las calles céntricas de la ciudad, muchas hubieran sido las víctimas inocentes.
PARA ESTE ASALTO A LA PROPIEDAD PUBLICA, NO HAY:
FISCALIA SUPERIOR, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,
PERO PARA RESPALDAR A LOS USURPADORES, SI HAY:
COFOPRI, GOBIERNO REGIONAL. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.
¡¡¡CON RAZON ESTAMOS FREGADOS!!!
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