En estos últimos días hemos sido testigos del roñoso pleito de callejón que se suscito en la Dirección Regional de Educación de Apurímac, en torno al pago de las Sentencias recaídas en varios procesos judiciales seguidos por los trabajadores administrativos de dicha sede sectorial regional y los trabajadores afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación de Apurímac (FENTASE), sobre pago de los devengados correspondientes al Decreto de Urgencia Nº 037-94 y los derivados del Decreto de Urgencia Nº 88-2001, que define los pagos por concepto de incentivos CAFAE, entre otras demandas que no estamos obligados a conocer en detalle.
El pleito lo protagonizaron en vivo y en directo:
En la esquina roja: Evelyn Cavero Contreras.
En la esquina amarilla: Miriam Jara Toledo.
Lugar: Dirección Regional de Educación de Apurímac
Fecha: Miércoles 03 de febrero del 2010.
Este tipo de encuentros de barriada marginal o establecimiento penal deja muy mal parada la imagen del Sector de Educación de Apurímac, pues mientras que la dirigente sindical tiene la urgente necesidad de justificar ante sus representados las cuotas sindicales que aportan y que los dirigentes gastan, para que sus demandas sean felizmente logradas y cabalmente cumplidas; la segunda es un espécimen de los dinosaurios enquistados en la Dirección Regional de Educación de Apurímac, (Ninapaytan, Sánchez y otros) que debieron hace tiempo haber asumido su condición de cesantes por el bien de la educación apurimeña, pero que sin embargo se mantienen en el cargo gracias a la generosidad del inefable SALAZAR MOROTE y los pingues ingresos que les da su condición de beneficiaros del CAFAE, que en absoluto les obliga a mejorar la calidad de sus servicios.
A estas alturas, poco importa que los contrincantes, luego de nauseabundo escándalo hayan salido a los medios; la una usando un lenguaje rojimio ya bastante desgastado de los años 70’, pero sin poder explicar los detalles de los fallos judiciales a su favor, el estado de la ejecución de las sentencias y sus consecuencias sociales, que suponemos, era su deber; la otra llegó hasta el ridículo de creerse el propio Juez de sus causas y un poco más se dibujaba como una pobrecita trabajadora que solo en ella tiene puesto sus ojos la ciega justicia. ¡Qué bajeza¡
La verdad es que este pleito tienen un tufillo de absoluta carencia de justicia social y más bien de perversa codicia, porque en el reparto de los dineros que acarren estas sentencias ambas partes se han salido de los causes legales y el asunto de modo delincuencial ha arribado a los fueros administrativos para convertirse en un triste pleito de insultos y agresiones físicas que desacredita a ambas partes y que desde luego acabará con contentos y amargados. ¿Quién ganara, quien perderá? Yo apuesto a que perderán los más humildes, porque estamos en el Perú de los apristas y en el Apurímac controlado por SALAZAR MOROTE.
¿Quién debe pagar estas deudas?
Si la obligación de pagar estas deudas proviene de una Sentencia Judicial, el único que está facultado por ley para ordenar el pago de estas deudas es el Juez Ejecutor de la Sentencia. Si lo está haciendo MARCO CHOQUE MANRIQUE, Director Regional de Educación de Apurímac, según su parecer e interés personal o ha sugerencia interesada y hasta corrupta de los dinosaurios, esta usurpando la función del Juzgado Ejecutor, y este es un delito tipificado por el artículo 361º del Código Penal:
“Artículo 361.-Usurpación de función pública
El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública, o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años, e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36º, incisos 1 y 2.
Si para perpetrar la comisión del delito, el agente presta resistencia o se enfrenta a las Fuerzas del Orden, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.”
¿Quiénes deben cobrar?
Los que deben cobrar son los trabajadores que, previo requerimiento judicial, hicieron las gestiones ante el MEF para que se les pague lo que se les debe. Si por orden de CHOQUE MANRIQUE se paga a otros, ajenos a esa gestión, el Juez ejecutor lo debe denunciar por la comisión de delito de malversación tipificado por el artículo 389º del Código Penal:
“Artículo 389.-Malversación
El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de tres años ni mayor de ocho años."
¿Si los dineros han sido proveídos por gestión de oficio, es decir, fuera de los expedientes judiciales?
Estos dineros deben ejecutarse siempre a través de Juzgado Ejecutor, para que se pague en primer término a los trabajadores que menos han sido favorecidos en la ejecución de sus sentencias, hasta llegar a la homologación, si bien no podrá ser en montos iguales, pues existen escalas, pero si podrá calcularse esta equidad en porcentajes. Si los dinosaurios ya cobraron el 50%, ahora les toca a los trabajadores cobrar hasta el 50% y así sucesivamente hasta que las deudas queden totalmente saldadas.
Pero la culpa de este asqueroso pleito es directamente imputable y sin excusas a SALAZAR MOROTE, por cuanto este personaje, vía sus chupes sicarios ha cobrado la dulce venganza que le tenía reservado al FENTASE APURIMAC, solo por haber sido los combativos y consecuentes luchadores de sus intereses laborales y haberle hecho un plantón en agosto y diciembre del 2007, con 25 trabajadores, entre hombres y mujeres, quienes a punta de huelga de hambre indefinida, reclamaron heroicamente el pago del Decreto de Urgencia Nº 37-94, que el vengativo no pudo resolver desde el sitio del que pronto va a caer. De modo que ahora utiliza a su chupe de turno en educación para que haga lo que le da la gana con los dineros de estos juicios, con el miserable resultado que ya todos estamos viendo, lograr su añorada venganza, sin reparar que en ese asqueroso afán se daña los derechos y necesidades de humildes trabajadores, se daña la gobernabilidad y Estado de Derecho que tanto reclama para si mismo, y finalmente se daña el cumplimiento de las sentencias y los mandatos de las autoridades judiciales. ¡DEJA QUE LOS JUECES HAGAN SU TRABAJO!
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